Las leyes suelen avanzar más lentamente que la tecnología. Sin embargo, Costa Rica decidió invertir esa lógica y desarrolló un marco normativo pensado para acompañar la innovación, en lugar de limitarla. La Ley N.° 10.654 propone un nuevo enfoque para incorporar tecnologías y metodologías innovadoras en las contrataciones de obra pública.
La iniciativa surge ante la necesidad de contar con mecanismos concretos que permitan modernizar los procesos de contratación y, al mismo tiempo, adaptarse a una industria en permanente evolución. En lugar de concentrarse en una tecnología puntual, la normativa establece un marco flexible, capaz de incorporar nuevas herramientas y metodologías a medida que estas se desarrollan y demuestran su aporte al sector.
Para avanzar en ese objetivo, el modelo promueve un esquema de trabajo colaborativo entre organismos gubernamentales, entidades reguladoras, instituciones públicas, empresas privadas y asociaciones profesionales. La articulación entre estos actores busca facilitar la identificación, evaluación e incorporación de soluciones que contribuyan a mejorar la competitividad, la eficiencia y la calidad de la infraestructura pública.
Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es que adopta una visión integral del ciclo de vida de los proyectos, contemplando las etapas de planificación, diseño, construcción, operación y mantenimiento. Bajo este enfoque, la incorporación de tecnologías deja de limitarse a una fase específica y pasa a convertirse en una herramienta para optimizar la gestión de la infraestructura en su conjunto. Entre los beneficios esperados se destacan una mayor eficiencia operativa, un uso más eficiente de los recursos públicos, la mejora de la sostenibilidad y una mayor transparencia en los procesos de contratación.
Otro elemento innovador del modelo es el mecanismo previsto para mantener la normativa actualizada. La ley establece la elaboración anual de un listado de tecnologías y metodologías innovadoras, sometido a consulta pública, que sirve como referencia para las instituciones al momento de definir los requisitos de sus licitaciones. De esta manera, el sistema puede incorporar nuevas soluciones a medida que evolucionan las necesidades del sector, sin requerir modificaciones permanentes del marco legal.
El caso de Costa Rica pone sobre la mesa una dimensión fundamental de la transformación digital de la construcción: la innovación no depende únicamente de que existan nuevas tecnologías, sino también de generar las condiciones necesarias para que puedan adoptarse.
En la obra pública, esto implica revisar procesos, generar mecanismos de colaboración entre actores y construir marcos regulatorios capaces de evolucionar junto con la industria. La Ley N.° 10.654 avanza en esa dirección al proponer un modelo que combina innovación tecnológica, articulación público-privada y actualización continua. Una experiencia que puede aportar aprendizajes para otros países de América Latina que buscan modernizar sus sistemas de contratación pública y acompañar la transformación del sector.
