Las leyes suelen avanzar más lentamente que la tecnología. Sin embargo, Costa Rica decidió invertir esa lógica y desarrolló un marco normativo pensado para acompañar la innovación, en lugar de limitarla. La Ley N.° 10.654 propone un nuevo enfoque para incorporar tecnologías y metodologías innovadoras en las contrataciones de obra pública.
La exposición estuvo a cargo de David Aragón y María Fernanda Gómez Corrales, quienes explicaron que a diferencia de otras iniciativas centradas en una tecnología puntual, esta normativa crea un marco flexible que permite incorporar de forma continua nuevas metodologías y herramientas, acompañando la evolución tecnológica del sector.
La ley surge como respuesta a la necesidad de contar con mecanismos concretos que impulsen la modernización de las contrataciones públicas. Para ello, promueve un modelo de trabajo colaborativo que involucra a organismos gubernamentales, entidades reguladoras, instituciones públicas, empresas privadas y asociaciones profesionales, con el objetivo de identificar, evaluar e incorporar las mejores soluciones tecnológicas disponibles para mejorar la competitividad, la eficiencia y la calidad de la infraestructura pública.
Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es que adopta una visión integral del ciclo de vida de los proyectos, contemplando las etapas de planificación, diseño, construcción, operación y mantenimiento. Bajo este enfoque, la incorporación de tecnologías deja de limitarse a una fase específica y pasa a convertirse en una herramienta para optimizar la gestión de la infraestructura en su conjunto. Entre los beneficios esperados se destacan una mayor eficiencia operativa, un uso más eficiente de los recursos públicos, la mejora de la sostenibilidad y una mayor transparencia en los procesos de contratación.
Otro elemento innovador del modelo es el mecanismo previsto para mantener la normativa actualizada. La ley establece la elaboración anual de un listado de tecnologías y metodologías innovadoras, sometido a consulta pública, que sirve como referencia para las instituciones al momento de definir los requisitos de sus licitaciones. De esta manera, el sistema puede incorporar nuevas soluciones a medida que evolucionan las necesidades del sector, sin requerir modificaciones permanentes del marco legal.
La experiencia presentada por Costa Rica demuestra que la innovación no depende únicamente del desarrollo tecnológico, sino también de marcos normativos capaces de acompañar el cambio. Esa visión convierte a la Ley N.° 10.654 en una referencia para los países que buscan modernizar la contratación pública y acelerar la transformación digital del sector.
